Este lunes, las organizaciones Elementa Derechos Humanos y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI) convocaron a una rueda de prensa el céntrico restaurante Amaro, en Mérida, para presentar los resultados de un estudio llamado “Detenciones Arbitrarias y Abuso Policial en Yucatán”.
María Paula Balam, representante de CEJUDI; Olimpia Martínez, de Elementa; y la activista Rosa Cruz Pech, Directora de UADY Sin Acoso y egresada del programa de Racismo MX, señalaron que el estudio es resultado de un monitoreo de casos donde se ha detectado abuso por parte de alguna corporación policiaca (estatal o municipal) en Yucatán, detectando que la principal forma de abuso han sido las detenciones arbitrarias.
El monitoreo, señaló la Abogada María Paula Balam, también seleccionó el abuso del uso de la fuerza y las agresiones contra periodistas por ser, junto con las detenciones arbitrarias, son las que más resaltaron.
Las detenciones arbitrarias ocurrieron mayormente en Mérida, aunque también señalaron casos identificados en Progreso, Umán y Tekax, destacando que se identificó una “presencia desproporcionada de cuerpos policiales” cuando hay elementos de la fuerza pública en manifestaciones feministas o donde acuden mujeres jóvenes.
Olimpia Martínez señaló también, con base en el estudio, que las detenciones arbitrarias evidencian un “perfilamiento” por parte de la Policía, por el color de piel y la identidad de género de las personas que son víctimas de la detención, quienes reportaron en un 70% agresiones físicas, verbales, amenazas, hostigamiento e incluso abuso sexual.
En un comunicado publicado el mismo lunes, las organizaciones Elementa, CEJUDI, Girl Up Resistencia Feminista, UADY Sin Acoso, Colectivo PTF Yucatán, entre otras, hicieron un llamado al Gobierno del Estado, a los municipios, a la Fiscalía General del Estado, a las Policías Municipales, a la Policía Estatal y a la CODHEY, a implementar medidas para la rendición de cuentas de los cuerpos policiales, establecer protocolos de actuación y para el uso de la fuerza, adoptar un programa estatal de derechos humanos, evaluar la sistematicidad con la que ocurren este tipo de detenciones y a reconocer y visibilizar el problema público que representan las detenciones arbitrarias y el abuso policial en Yucatán.