La gobernadora Layda Sansores San Román presidió el acto del Primer Informe de labores sobre el estado general que guarda la administración de Justicia en la entidad, correspondiente al período 2021- 2022, donde también entregó cinco actas de divorcio a mujeres de la comunidad San Vicente Cumpich, que por años fueron discriminadas por las instituciones por ser indígenas.
En presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como magistrados y representantes de asociaciones civiles, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Virginia Leticia Lizama Centurión, entregó a la Gobernadora el documento de su Primer Informe en el que se plasmaron las principales acciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial.
Durante el acto, efectuado en el auditorio “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” de la Casa de Justicia, la magistrada puntualizó que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, porque la justicia no puede ser ciega. Por ello cuando entró en funciones como Presidenta, lo primero que hizo fue cambiar el logo del Poder Judicial, quitándole a la justicia la venda de los ojos.
“La justicia no puede tener vendas, necesitamos una justicia que vea, que observe porque esa es una garantía de derechos humanos, el acceso a la justicia”, afirmó.
Asimismo, agradeció a la gobernadora su respaldo para establecer el Centro de Apoyo Psicológico que antes no se tenía y era muy necesario, sobre todo para atender a los niños que han sufrido algún tipo de maltrato; así como también agradeció al Poder Legislativo por impulsar la reforma en materia de divorcio encausado y la pensión compensatoria.
Entre las acciones más importantes mencionadas destacan la rehabilitación de las instalaciones del Poder Judicial, el fortalecimiento de la Unidad de Atención Ciudadana con capacitaciones constantes al personal para ofrecer trato digno a la ciudadanía; el impulso a los 46 juzgados de Conciliación para tener mayor contacto con la población indígena; así como reforzar el derecho mercantil, de perspectiva de género y justicia laboral.
