Aunque se hacen esfuerzos a fin de atender los problemas que plantea el sector pesquero –entre ellos la necesidad de mayor vigilancia y freno a la depredación–, la gobernadora Layda Sansores San Román destacó que se incrementarán las medidas y que se dedicará totalmente a respaldar y atender esta actividad.
Al presidir la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, junto con el secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, fue informada por el comandante de la Tercera Región Naval, Abraham Eloy Caballero Rosas, que hay permanente inspección y vigilancia en intento de disuadir la comisión de actividades ilícitas que atentan contra nuestros recursos naturales.
Precisó que lamentablemente pueden darse hasta 500 detenciones de pescadores en acciones irregulares, pero sólo se les imponen faltas administrativas, por lo que muchas veces sus patrones pagan $500 y salen libres.
“Por ello, tan sólo el año pasado, únicamente tres personas están bajo proceso, pese a que se realizaron más de 196 recorridos marítimos, 215 operativos y 629 recorridos terrestres para mantener el estado de derecho”, dijo.
“Les es tan lucrativa la actividad irregular que, pese a los costos de compresoras y otras artes de pesca ilegales que son decomisadas las prefieren abandonar. Ya se aseguraron más de 42 compresores que se utilizan para el buceo ilegal”, abundó.
Caballero Rosas consideró por ello que es necesario actualizar el marco regulatorio y contar con infraestructura que permita resguardar producto marino asegurado.
La Gobernadora Sansores San Román coincidió en que no se puede seguir con el argumento de falta de recursos que esgrimen las autoridades reguladoras competentes “y no hacer nada”.
En este sentido la mandataria estatal destacó que pudo dialogar con sus homólogos de Quintana Roo y Yucatán, Mara Lezama Espinosa y Mauricio Vila Dosal, respectivamente, y les propuso una reunión peninsular de seguridad para atender los problemas de ilícitos ambientales en el denominado punto Put en el que convergen las fronteras de las tres entidades.
La finalidad es planear estrategias que permitan disuadir la comisión de ilícitos, incluyendo los del rubro pesquero, entre las comunidades de Isla Arena, Calkiní, y Celestún, Yucatán, pues, aunque Secretaría de Marina ha realizado ahí 206 recorridos y la Policía Estatal coadyuva para disminuir la comisión de ilícitos, persiste la tensión por robo de motores y depredación de especies.
Dijo que hay acusaciones mutuas, pero no presentan las denuncias y optan por hacer justicia por mano propia lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos con mayores consecuencias.